This Anti-Corruption Helpdesk brief was produced in response to a query from one of Transparency International’s national chapters. The Anti-Corruption Helpdesk is operated by Transparency International and funded by the European Union.
Query
Se solicita proporcionar una descripción general de los debates y las experiencias recientes de países en relación con la reparación del daño social en casos de corrupción.
Objeto
Sustentar debates sobre la posible incorporación de la reparación del daño social en casos de corrupción en el marco legal colombiano.
Índice
- Debates recientes sobre reparaciones del daño social en casos de corrupción
- Experiencias de países sobre el establecimiento de la reparación del daño social en casos de corrupción
- Referencias
Resumen
La noción de "daño social" es un concepto emergente dentro del movimiento anticorrupción que refleja la intención de identificar, cuantificar y reparar el impacto y las consecuencias de la corrupción en los ciudadanos comunes. Se aplica a los individuos como miembros de una comunidad o a los derechos específicos de grupos identificables, pero no a una persona en particular.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés) es un punto de partida útil para la elaboración de un marco legal relativo a la reparación de daños causados por corrupción. En la práctica, los mecanismos que pueden utilizarse para obtener reparaciones por daños sociales incluyen: acciones de clase u otros mecanismos de litigios de interés público; procesos de derecho civil y penal; la aplicación del derecho constitucional y administrativo y otros mecanismos explícitos de reparación del daño colectivo. A su vez, hay una tendencia creciente a utilizar los activos recuperados para reparar el daño social causado por la corrupción y para ello se recurre a varios canales presupuestarios, el mejoramiento de sistemas nacionales, fondos autónomos y gestión por terceros.
Las experiencias de los países muestran de qué manera se han aplicado tales mecanismos con resultados positivos hasta la fecha. Podemos destacar el ejemplo de Costa Rica, donde el Gobierno presentó formalmente el concepto legal de daño
social a la 4ª Conferencia de los Estados Parte (CEP) de la UNCAC en 2011. El marco legal costarricense ofrece numerosas opciones para plantear reclamos por daños sociales asociados con corrupción. Esto se debe a que la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos de gozar de un entorno libre de corrupción. Además el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar acciones civiles en casos en los que se hayan dañado intereses colectivos o difusos y se permite reconocer a organizaciones como víctimas.
A pesar de algunos resultados positivos, aún subsisten numerosos desafíos por abordar, en especial, con respecto a la identificación de las víctimas y al reconocimiento de la legitimación activa de los demandantes, el cálculo de la magnitud de los daños que deban repararse y la utilización de los fondos obtenidos por sanciones pecuniarias aplicadas en casos de soborno transnacional para financiar las reparaciones de daños sociales.
Authors
Andy McDevitt, Transparency International, [email protected]
Reviewers
Adam Foldes, Transparency International, [email protected]
Date
21/12/2016
