This Anti-Corruption Helpdesk brief was produced in response to a query from one of Transparency International’s national chapters. The Anti-Corruption Helpdesk is operated by Transparency International and funded by the European Union.
Query
¿Podrían proporcionar información sobre buenas prácticas y estándares relativos a leyes sobre contrataciones públicas?
Índice
Buenas prácticas en la legislación sobre contrataciones públicas
Legislación sobre contrataciones públicas y corrupción: disposiciones generales
Legislación sobre contrataciones públicas y corrupción: etapa de planificación
Legislación sobre contrataciones públicas: reglamentar la etapa de licitación
Legislación sobre contrataciones públicas y la etapa posterior a la adjudicación
Otras cuestiones a considerar en las leyes sobre contrataciones públicas
Referencias
Resumen
La existencia de un marco jurídico adecuado es la primera condición elemental para limitar las oportunidades de corrupción en la contratación pública. Si bien las leyes sobre contrataciones públicas deberían formularse teniendo en cuenta el contexto y la tradición jurídica de cada país, hay algunas cuestiones generales que deben estar contempladas en todas las reglamentaciones sobre el tema. Tales cuestiones incluyen, por ejemplo: normas claras y objetivas relativas a los métodos de contratación existentes y los supuestos en los cuales debería utilizarse cada uno; normas transparentes sobre el proceso de presentación de ofertas, incluidos los plazos, los pliegos de condiciones y los requisitos que deben cumplir los contratistas; y los criterios de evaluación de ofertas y oferentes.
Asimismo, en las leyes sobre contrataciones públicas deberían preverse mecanismos de queja y resarcimiento, sanciones para supuestos de incumplimiento y el seguimiento efectivo de los contratos adjudicados, por ejemplo, a través de normas sobre divulgación proactiva y la participación de la sociedad civil con un rol de veeduría. Otros temas que deben ser abordados por las leyes sobre contratación son las medidas orientadas a asegurar la integridad de los funcionarios responsables de estas áreas y proteger a quienes denuncien irregularidades.