Leyes sobre derecho a la información: impacto e implementación

This Anti-Corruption Helpdesk brief was produced in response to a query from a U4 Partner Agency. The U4 Helpdesk is operated by Transparency International in collaboration with the U4 Anti-Corruption Resource Centre based at the Chr. Michelsen Institute.

Query

¿Existe alguna evidencia que demuestre que las leyes sobre derecho a la información contribuyan a reducir la corrupción o mejorar la calidad de los servicios públicos? Si efectivamente ayudan en ese sentido, ¿en qué condiciones lo hacen? ¿Existe alguna evidencia acerca de enfoques que resulten efectivos para implementar y fomentar el uso de las leyes sobre derecho a la información?

Índice

1. ¿Las leyes sobre derecho a la información contribuyen a reducir la corrupción o mejorar la prestación de servicios públicos?
2. ¿Qué se necesita para obtener los beneficios potenciales que ofrecen las leyes sobre derecho a la información?
3. Referencias

Resumen

Existe un amplio consenso acerca de la importancia de las leyes sobre derecho a la información (right to information, RTI) para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y reducir así las oportunidades de corrupción. No obstante, la evidencia empírica acerca del impacto de las leyes sobre derecho a la información sigue siendo escasa. Varios estudios han determinado que, en general, existe una correlación positiva entre el acceso a la información y el control de la corrupción, pero el impacto real de las leyes sobre derecho a la información parece depender de otros factores. Según se ha señalado en diversos estudios, las leyes sobre derecho a la información por sí solas pueden tener un efecto positivo y contribuir a solucionar casos específicos. Aun así, es poco probable que introduzcan cambios sustanciales si no se implementan de manera efectiva y van acompañadas por otras medidas, como la garantía de las libertades de prensa y de asociación, mecanismos de controles recíprocos adecuados, que incluyan el juzgamiento y la destitución de los funcionarios públicos que se determine que han participado en hechos de corrupción, y políticas públicas que respondan de manera coherente a los problemas detectados en la prestación de servicios.

Además, los casos de implementación exitosa de leyes sobre el derecho a la información exigen un liderazgo y una voluntad política firmes, así como el establecimiento de instituciones de control independientes y dotadas de recursos suficientes, un marco legal y mecanismos de apelación claros, capacitación y desarrollo de capacidades de los funcionarios públicos, y actividades de concienciación para brindar información a los ciudadanos, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las empresas sobre cómo ejercer su derecho a saber.  

Authors

Reviewers

Date

07/08/2014

Tags